El pasado 28 de julio, en el foro organizado por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) denominado “Las alianzas público privadas como modelo de reactivación económica”, los especialistas aseguraron que las APP son una herramienta que permitiría contribuir a la reactivación económica del país. Al mismo tiempo, alertaron que la falta de liderazgo en la materia y la desconfianza son algunos factores que limitan las alianzas entre sectores en nuestro país.

Olga Sauma, directora ejecutiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) explicó que las APP pueden ser generales y políticas cuando son para el desarrollo, o específicas y productivas cuando son para la provisión de infraestructura, bienes y servicios y ambas están normadas en Costa Rica.

Por su parte, Guillermo Matamoros, especialista en el tema, consultor y profesor universitario resaltó que el último proyecto que se dió en concesión fue la terminal de contenedores de Moín, en Limón, en el año 2010.

Matamoros enfatizó que hay un tema de confianza que limita esta figura, donde hay un sesgo negativo hacia lo privado. Asimismo, indicó que otros elementos que limitan el tema, es que se carece de una estrategia, hay poca estructuración de los proyectos y faltan hojas de ruta.

Estudio recomienda urge normativa para fortalecer acuerdos entre los sectores público-privadas

Un reciente estudio enfocado en el estado de las APP en Costa Rica, liderado por la Fundación ALIARSE, publicado el 5 de agosto del presente año, recomendó generar una normativa nacional para fortalecer las alianzas entre los sectores en el país.

Dentro de las principales recomendaciones señaladas para reforzar y potenciar el trabajo colaborativo, se resalta la necesidad de fortalecer la confianza entre el sector público y privado, contar con una normativa que facilite el trabajo en alianza, generar incentivos para el aporte de recursos, fortificar las capacidades técnicas para trabajar en alianza, y motivar una mayor participación de diferentes sectores en la gestión del desarrollo del país a través de las alianzas público privadas para el desarrollo.

Además, el estudio recomendó desarrollar una visión país sobre la importancia e implementación del modelo de APP para desarrollar infraestructura y servicios de interés público; también, pide impulsar la política pública sobre estas alianzas y trabajar en una mayor voluntad política por parte de las entidades involucradas.

A su vez, insta a que se cuente con una unidad estratégica de dirección y coordinación que se apoya en el CNC como brazo ejecutor o de soporte para otras instituciones; que se prepare un portafolio de proyectos a partir de adecuados estudios de pre-inversión; y que se cree un observatorio de APP, que analice, proponga y forme nuevos caminos a seguir en esta materia.

Por su parte, para las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo (APPD), el estudio señaló una mayor apropiación y reforzamiento del uso de los instrumentos normativos existentes cuando se realicen estas alianzas; que se cuente con el compromiso de jerarcas de alto nivel para que impulsen una visión de largo plazo sobre las APPD y movilicen acciones; que se promueva el diálogo para acercar a los diversos sectores en la búsqueda de consensos; y que se identifiquen proyectos prioritarios y estructure una cartera de APPD de agenda territorial.
Finalmente, el estudio indicó que es preciso contar con agentes facilitadores como organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional y academia como intermediarios con credibilidad; y, por último, mapear los actores e intereses relacionados a los proyectos para así identificar líderes en el sector privado y público con que generar vínculos que permitan fortalecer el ecosistema de actores comprometidos con las alianzas.

La investigación se llevó a cabo durante el año 2020 en conjunto con el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), el Sistema de Naciones Unidas (SNU), el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).

Marco legal

En el marco jurídico, Costa Rica no cuenta con una ley específica para las APP, no obstante, se permite el establecimiento de alianzas en diversas leyes y resoluciones administrativas con el sector privado o sociedad civil.
Diputados de diferentes fracciones presentaron en la Asamblea Legislativa desde el 23 de mayo del 2019 el proyecto “Ley Nacional para el Desarrollo, Fomento y Gestión de las Alianzas Público-Privadas”, el cual se tramita bajo el expediente número 21 420.

La iniciativa es de orden público y tiene por objeto regular los esquemas para el desarrollo de proyectos de alianzas público-privadas estableciendo los procesos y modalidades de promoción de la inversión privada para el desarrollo de infraestructura pública, servicios públicos y servicios vinculados a estos, proyectos de investigación aplicada y/o innovación tecnológica bajo los principios de legalidad, libre concurrencia, competencia, objetividad, imparcialidad, transparencia, publicidad, solidaridad, eficiencia, sostenibilidad y promoción de la participación ciudadana.

La última actualización del texto fue en junio del 2020. Los legisladores alegaron que, en los últimos ocho meses del periodo de sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo encargado de la agenda no consideró iniciativas de reactivación económica como lo es la alianza entre los sectores público, privado y sociedad civil. Desde el primero de agosto y por un periodo de tres meses los diputados se comprometen a convocar proyectos en esta línea y no desperdiciar más tiempo.

Acuña, especialista en APP, sugiere muy respetuosamente a los diputados que convoquen a las personas conocedoras del tema para que la creación de este proyecto sea de la manera correcta, ya que hay varios temas críticos que tratar.

Por ejemplo, según el entrevistado, además de llamarse Consejo Nacional de Alianzas Público Privadas, no es pertinente que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes sea el ente rector; para Acuña, el Concejo debería estar subordinado al Ministerio de Hacienda o al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica porque no dependen solamente de la construcción de la infraestructura, sino de la operación, del endeudamiento y de estructuración financiera.

Finalmente, sentenció que las Alianzas Público Privadas son instrumento para la eficacia y eficiencia en la gestión pública.

Tania Santamaría Arroyo / Periodista